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Desde las Secciones Sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar queremos denunciar públicamente el deplorable y hasta inhumano trato que, en materia de atención sanitaria y derecho a la salud, vienen sufriendo a diario miles y miles de gaditanos/as que, cuando precisan ser atendidos como pacientes en cualquier centro del S.A.S., se ven obligados a:
- Tener que soportar listas de espera interminables, ya sea en los Centros de Salud (donde una cita puede llegar a demorarse varias semanas) o en los hospitales y centros de especialidades (donde hay listas de espera, como sucede con trauma o la unidad del dolor, que llegan a superar el año).
- Aguantar colas en plena calle para poder acceder a los centros sanitarios.
- Ver rechazada sistemáticamente las peticiones de ser atendidos en consulta y por el médico/a de cabecera que tienen asignados.
- No poder acceder con sus familiares a consulta.
- Sufrir severas restricciones para acompañar a familiares hospitalizados, que hacen impracticable muchas veces el acompañamiento efectivo (se autoriza 1 familiar por paciente que se puede intercambiar solamente con otro familiar durante todo el ingreso).
- Etc., etc., etc.
En suma, una interminable relación de agresiones al derecho que todas/os tenemos a una atención sanitaria digna, rápida y eficaz que ha sido sacrificado por completo con la excusa de luchar contra la covid 19, pero cuyas verdaderas causas, objetivos, responsables y efectos son, a nuestro juicio, los que a continuación señalamos.
1. SOBRE LA CAUSA DIRECTA DE LA SITUACIÓN:
La causa directa de este verdadero ataque masivo y sin precedentes a los derechos en materia de salud de todos los ciudadanos/as reside en el vergonzoso modelo de atención sanitaria implantado a la fuerza por el actual gobierno de la Junta de Andalucía, con la connivencia de los sectores más reaccionarios y corporativos de los colectivos profesionales, y cuyas principales características son, a nuestro juicio, las que siguen:
- En primer lugar, el alejamiento masivo de los ciudadanos/as de los centros sanitarios, que (a pesar de la generalización de las vacunas) se han “bunquerizado” ante los usuarios, como si éstos fueran un peligroso foco de contagio (¿?). Contra toda lógica científica y experiencia práctica, sigue manteniéndose la absurda idea de que el mayor riesgo para los trabajadores/as de la salud (y los pacientes más vulnerables) reside en “el exterior de los centros”, cuando lo cierto es que (salvo al principio de la pandemia) el origen de la inmensa mayoría de los contagios sufridos
por el personal del SAS hemos sido nosotros mismos y que en la actualidad, además, un adecuado sistema de ventilación y el uso permanente y correcto de mascarillas apropiadas permiten compatibilizar sin problemas la necesaria protección de los pacientes más débiles con la presencia común de los usuarios/as en los centros sanitarios.
- En segundo lugar, las implantación forzosa y persistente de las consultas telefónicas, que se han generalizado de forma masiva tanto en atención primaria, como en especializada, vulnerando así los principios más básicos de una correcta práctica sanitaria. Como consecuencia de ello, asistimos hoy a un escenario en el que la gran mayoría de los diagnósticos y tratamientos que se establecen han sido realizados sin ver, ni explorar a los pacientes de forma directa, lo cual resulta, desde nuestro punto de vista, una absoluta aberración que está teniendo, además, implicaciones gravísimas sobre la salud de la población, ya que, con la falsa excusa de proteger a profesionales y pacientes de la covid 19, se está posibilitando, en nuestra opinión, la comisión de diagnósticos erróneos y que muchas enfermedades graves permanezcan, por ello, sin detectar, llevándose por delante la salud (y hasta es posible que la vida) de muchos pacientes.
- Y, en tercer lugar, la infrautilización de los recursos públicos disponibles, tanto en materia de instalaciones y dispositivos, como en lo tocante a los recursos humanos del sistema. Nunca, absolutamente nunca le ha importado tan poco a los responsables de nuestro sistema sanitario lo que se hace o no se hace, cuánto se hace o cómo se hace. La medición y valoración de los resultados (que en otro tiempo constituían la piedra angular del modelo de gestión) son algo que hoy ya no le importa nada a ningún gestor, lo que ha dado lugar, en muchos centros, a un apreciable descenso de la actividad y los rendimientos de las unidades. Ésta, y no un aumento incierto de la demanda, es, a nuestro juicio, la principal causa hoy día del vergonzoso incremento que se está sufriendo en los plazos de demora para ser atendido, tanto en los Centros de Salud, como en hospitales y centros periféricos.
- SOBRE LA FINALIDAD DE ESTA ESTRATEGIA:
La finalidad básica de esta inaceptable estrategia de gestión (que tanto daño y sufrimiento genera en la ciudadanía) resulta evidente: deteriorar y destrozar el sistema sanitario público a fin de que así, por un lado, nuestros políticos tengan la excusa perfecta para derivar la prestación de atención sanitaria al sector privado, mientras que, por otro, los usuarios, hartos de esperar, se vean obligados (los que puedan) a recurrir a los seguros y servicios privados para resolver sus problemas de salud. Durante los dos últimos años, el aumento de las derivaciones y conciertos con el sector privado ha sido brutal y seguirá creciendo de forma exponencial en los próximos meses y años, si no logramos contenerlo. Frente a los centros sanitarios públicos, semivacíos y a medio gas, crecen por doquier (y muchas veces a pocos metros de aquellos) las consultas y pequeños hospitales privados que se forran a costa del deterioro del sector púbico y donde los/las profesionales que atienden a los pacientes de forma rápida y presencial resultan ser, en muchos casos, los mismos que en el sistema público lo hacen tan sólo por teléfono o tardan meses y meses en verlos en consulta. Por algo una de las primeras medidas que adoptó el PP cuando llegó al
gobierno de la Junta fue suprimir el complemento de exclusividad del personal médico, a fin de que, así, todos cuantos quisieran pudieran trabajar en la privada sin merma alguna de su salario en el sector público.
Pero, además de esa clara finalidad privatizadora, bajo la estrategia descrita en el punto anterior se esconde también la oculta pretensión de una gran parte del corporativismo profesional de recuperar (aunque nunca dejó de existir plenamente) aquel viejo modelo de atención sanitaria propio de los años sesenta y setenta caracterizado por el papel dominante del profesional, que, dotado de un poder cuasi omnímodo, hacía y deshacía sobre los pacientes, relegados, éstos, a un papel de sumisión. Con la excusa de la covid 19, han saltado por los aires todos los derechos que se han ido ganando y afianzando para la ciudadanía durante los últimos decenios en materia de atención sanitaria, y han pasado a ocupar su lugar repentinos “protocolos anticovid” de los más variados contenidos (ideados unas veces por los gerentes de los centros, otras por los jefes de unidades y en no pocas ocasiones, incluso, por el mero capricho de cualquier profesional), que se imponen a los usuarios/as del sistema como si de incuestionables “bandos de guerra” se tratase. Se pretende, en suma, sustituir un modelo en el que profesionales y usuarios se encontraban igualados en derechos por otro donde solamente preponderen no ya los derechos, sino el poder absoluto del profesional sanitario sobre todos los aspectos de la prestación de servicios.
- SOBRE LOS RESPONSABLES DE ESTA LAMENTABLE ESTRATEGIA:
Como ya hemos apuntado en líneas precedentes, los grandes causantes de esta fatídica estrategia sanitaria son, en primer lugar y a nuestro juicio, los propios responsables políticos que sufrimos, que son quienes la diseñan e imponen su ejecución, y quienes, también, permiten y hacen la vista gorda ante la creciente arbitrariedad de las medidas y actuaciones unilaterales que se emprenden a todos los niveles del sistema.
Pero, además de ellos, también son responsables, como ya hemos dicho, los sectores más reaccionarios y corporativos de los colectivos profesionales, que han encontrado en la crisis de la covid 19 la excusa perfecta para promover e implantar ese modelo de atención sanitaria con el que siempre han soñado y que ya hemos descrito brevemente en el apartado segundo de esta nota: un modelo caracterizado por el alejamiento del paciente (y del familiar, al que se considera innecesario y hasta inconveniente a veces), la plena sumisión del usuario al poder decisorio del profesional, y la relajación sensible de las obligaciones laborales.
- SOBRE LOS EFECTOS DE ESTA CATASTRÓFICA GESTIÓN:
Los principales efectos, a nuestro juicio, de esta catastrófica estrategia de atención sanitaria van a ser (ya lo están siendo) los que siguen:
Por un lado, y como ya se está viendo y sufriendo, miles de ciudadanos/as implorando a diario asistencia a las puertas de unos centros sanitarios, donde todo, o casi todo, resultan ser impedimentos para ser recibidos; en definitiva, todos esos problemas que ya hemos enumerado brevemente al principio y que son, sin duda, los más palpables e inmediatos: demoras inexcusables, colas interminables, expulsión de los centros, etc.
Por otro lado, y aun siendo ya inaceptables esos efectos, las consecuencias más crueles y dramáticas van a tener lugar, sin duda, en el terreno de la salud de la población. Si lamentable es tener que esperar semanas (en primaria) o meses (en la especializada) para recibir una cita y ser atendido al final telefónicamente, más pernicioso aún resulta el efecto directo que todo ello puede tener sobre la salud del abandonado paciente, cuya patología se agrava sin recibir tratamiento durante todo el tiempo que se demora la cita, o puede llegar, incluso, a no ser diagnosticada, ni tratada a causa de las deficientes conclusiones alcanzadas tras una mera “valoración telefónica”. Sin ninguna duda, el mayor efecto que, a nuestro juicio, provocará (ya lo está haciendo) el demoledor modelo de atención sanitaria implantado por la Junta va a ser un deterioro apreciable de los niveles de salud de la población y hasta es posible que un aumento de la mortalidad evitable, esto es, aquella que podría no haberse producido con un modelo de atención sanitaria más rápido, eficiente y, por supuesto, presencial.
Por último, y como resultado final y previsible de ese bloqueo que sufren los recursos de atención sanitaria programada, estamos asistiendo de forma creciente (y de nuevo después de mucho tiempo) a la saturación de los servicios de urgencias de atención primaria y hospitales (especialmente estos últimos). Esquilmado su derecho a ser atendidos mediante una cita presencial y rápida, y empujados por el inevitable empeoramiento de los síntomas, los pacientes están viéndose obligados (cada vez en mayor medida) a acudir a los servicios de urgencias para recibir un tratamiento que no pueden seguir esperando. Después de mucho tiempo con reducidos niveles de demanda como consecuencia, principalmente, de ese (injustificado) miedo de algunos pacientes a visitar un hospital, los servicios de urgencias han vuelto a retomar en los últimos meses las imágenes de saturación que siempre los han caracterizado, con decenas de pacientes esperando para ser atendidos y, por cierto, agolpados en una misma sala durante horas, con escasa ventilación y apenas distancia; en las urgencias, la masificación parece importar bien poco a nuestros gestores, acreditando así la falta de interés real por la protección anticovid que se esconde tras el exceso de rigor que se vive en el resto de las dependencias hospitalarias.
- SOBRE LA RESPUESTA NECESARIA:
Frente a todo este intolerable escenario, el grado de crispación entre la población ha ido en aumento, lo que se ha traducido de forma casi inevitable en un incremento de las tensiones y los enfrentamientos en las puertas y las consultas de los centros sanitarios. Se trata, sin duda, de una reacción primigenia, frente a la que los sectores más corporativos suelen responder tan sólo con exigencias de condenas y mayor rigor con los usuarios, cerrando los ojos por completo a esa otra violencia asistencial (con serias repercusiones en la salud en numerosas ocasiones) que muchos ciudadanos/as sufren cuando sistemáticamente se les niega la atención sanitaria a la que tienen derecho y de la que depende directamente su salud o la de sus familiares más cercanos (hijos, padres ancianos, etc.).
Pero, aun poniéndonos en la piel del usuario, no cabe duda de que esa forma de exteriorizar el malestar padecido no sólo resulta improcedente, injusta y repudiable (sea quien sea el trabajador/a de sanidad que la sufra), sino que, además, no resuelve
la situación del ciudadano/a que así reacciona (más bien, la agrava), ni contribuye tampoco en lo más mínimo a resolver los graves problemas generales que se sufren.
Como sucede con cualquier agresión institucional a los derechos colectivos, la única forma coherente y eficaz de responder que tenemos la ciudadanía es la movilización, la lucha social programada, solidaria y persistente hasta conseguir la devolución plena de los derechos en materia de salud y atención sanitaria que nos están robando. Podemos quejarnos interminablemente en nuestros domicilios, en el trabajo o con nuestros amigos/as de los numerosos problemas asistenciales que a diario sufrimos miles y miles de ciudadanos/as, pero nada conseguiremos resolver, si no logramos trasladar esa protesta a la calle, coordinándonos con todas las víctimas de esa violencia institucional con la que persiguen arrebatarnos nuestro derecho a una sanidad pública, digna y eficaz. Si antes de la aparición de la covid 19 las manifestaciones en defensa de la sanidad pública eran habituales, hoy resultan sin duda absolutamente imprescindibles y urgentes, y en ellas debemos participar de forma masiva todos los ciudadanos/as. Hay que salir a la calle y rodear todos los centros y administraciones sanitarias para recordar a la Junta que los ciudadanos/as somos titulares de derechos, que nuestra salud es un bien protegido por la Constitución y que no estamos dispuestos a sufrir, ni a morir lentamente esperando ser atendidos. La movilización ciudadana no debe parar hasta lograr el carácter presencial de las consultas en todos los niveles, así como la reducción inmediata y drástica de los tiempos de demora mediante el aprovechamiento intensivo y eficiente de todos los recursos públicos.
En Cádiz, a quince de septiembre de dos mil veintiuno.