Autonomía Obrera denuncia la falta de diligencia del Gobierno municipal para cumplir el compromiso del alcalde de invertir 350.000 euros en la reforma de las instalaciones, mientras el concejal y el director del área siguen sin ofrecer soluciones definitivas a los riesgos que afectan a la plantilla.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz, tras las actuaciones iniciadas a raíz de una denuncia sindical, ha emitido el pasado 6 de octubre una propuesta de requerimiento al Ayuntamiento de Cádiz en la que constata importantes deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales en las instalaciones del Parque Móvil Municipal, situado en la calle La Línea de la Concepción.
La actuación inspectora, que incluyó una visita a las instalaciones el 1 de junio de 2026, confirma el deterioro de unas dependencias municipales en las que diariamente prestan servicio trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, y establece medidas correctoras con plazos concretos de ejecución.
AMIANTO, RIESGOS ELÉCTRICOS Y DETERIORO DE LAS INSTALACIONES
La Inspección de Trabajo identifica tres deficiencias fundamentales:
1. Presencia de amianto en la cubierta.
Los informes técnicos confirman la presencia de materiales con amianto en la cubierta de fibrocemento de la nave. Aunque las mediciones ambientales realizadas no detectaron contaminación por fibras de amianto en el aire en el momento de la evaluación, la Inspección considera necesaria su eliminación.
Por ello, establece un plazo máximo de doce meses para retirar completamente la cubierta y sustituirla por materiales que no entrañen riesgos para la salud, debiendo adoptarse mientras tanto, medidas preventivas que reduzcan al mínimo la posible exposición de la plantilla.
2. Deficiencias en la instalación eléctrica.
La Inspección constata elementos que no se ajustan a la normativa aplicable y que pueden generar riesgos de incendio, explosión o contactos eléctricos.
En este caso, exige actuaciones de carácter inmediato, revisiones periódicas, mantenimiento preventivo y subsanación de los defectos detectados en los plazos establecidos por el organismo de control autorizado.
3. Deterioro generalizado de las dependencias.
El informe recoge oxidación, filtraciones de agua, desperfectos en techos, paredes, pavimentos, vestuarios y servicios, además de zonas clausuradas sin la señalización o las restricciones de acceso necesarias.
La Inspección propone tres meses para la adecuación y reparación de las instalaciones y un mes para la señalización de seguridad.
¿QUÉ HA OCURRIDO CON EL COMPROMISO DEL ALCALDE DE INVERTIR 350.000 EUROS?
Desde Autonomía Obrera consideramos especialmente grave que esta nueva actuación inspectora se produzca después de que el propio alcalde de Cádiz anunciara públicamente una inversión prevista de 350.000 euros para reformar las instalaciones del Parque Móvil Municipal.
Aquel anuncio suponía el reconocimiento de la necesidad de intervenir en unas dependencias cuyo deterioro era conocido desde hacía años.
Sin embargo, transcurridos siete meses desde aquel compromiso, las deficiencias fundamentales siguen sin resolverse, hasta el punto de que la Inspección de Trabajo ha tenido que establecer nuevamente medidas correctoras y plazos concretos para su subsanación.
Se anuncian inversiones, pero al final la realidad es una falta de diligencia para convertir esos compromisos en actuaciones efectivas que garanticen la seguridad de los trabajadores.
Desde nuestra organización exigimos al alcalde que explique qué actuaciones se han desarrollado desde aquel anuncio, en qué situación administrativa y presupuestaria se encuentran los 350.000 euros previstos y cuándo comenzarán las obras necesarias.
La seguridad y la salud de la plantilla no pueden quedar supeditadas indefinidamente a proyectos, trámites administrativos o compromisos que no terminan de materializarse.
LA FALTA DE GESTIÓN DEL CONCEJAL Y DEL DIRECTOR DEL ÁREA AGRAVA LA SITUACIÓN
Autonomía Obrera considera que la persistencia de estas deficiencias también pone de manifiesto una preocupante falta de capacidad de gestión y diligencia por parte del concejal responsable y del director del área.
Ambos tienen responsabilidades en el funcionamiento y la gestión de este servicio municipal y deben dar explicaciones sobre las actuaciones impulsadas para corregir unas deficiencias conocidas desde hace años.
No resulta admisible que, disponiendo de informes técnicos, denuncias sindicales y compromisos públicos de inversión, las soluciones definitivas continúen pendientes mientras la plantilla sigue desarrollando sus funciones en instalaciones con riesgos que la propia Inspección ha identificado.
Quienes tienen responsabilidades políticas y directivas no pueden limitarse a conocer los problemas: deben impulsar las soluciones y garantizar que se ejecuten.
CASI UNA DÉCADA DE DENUNCIAS SIN SOLUCIONES DEFINITIVAS
Conviene recordar que Autonomía Obrera ya denunció públicamente en 2017 las condiciones del Parque Móvil y que, en enero de 2018, distintos medios de comunicación recogieron las deficiencias detectadas tras una actuación de la Inspección de Trabajo.
La presencia de fibrocemento, los desperfectos en las instalaciones y los problemas de mantenimiento no son, por tanto, circunstancias nuevas ni desconocidas para los sucesivos responsables municipales.
Durante estos años se han realizado reparaciones parciales y anunciado actuaciones que no han conseguido solucionar los problemas de fondo.
Precisamente por ello, resulta todavía más preocupante que en octubre de 2026 la Inspección vuelva a exigir medidas sobre deficiencias que llevan años siendo denunciadas.
AUTONOMÍA OBRERA EXIGE ACTUACIONES INMEDIATAS Y RESPONSABILIDADES
Desde nuestra organización exigimos al Gobierno municipal que adopte sin demora las medidas preventivas necesarias, presente un calendario concreto de ejecución de las obras y facilite a la representación sindical toda la información sobre el estado de las instalaciones, los informes técnicos y las actuaciones previstas.
Asimismo, reclamamos que se garantice el cumplimiento efectivo de las medidas propuestas por la Inspección y que se informe periódicamente de los avances realizados.
La prevención de riesgos laborales constituye una obligación legal del Ayuntamiento como empleador público y no puede quedar condicionada a la voluntad o capacidad de gestión de sus responsables.
El alcalde debe cumplir su compromiso, el concejal y el director deben asumir sus responsabilidades y el ayuntamiento debe garantizar la seguridad de su plantilla. La salud laboral no se garantiza con anuncios, sino con hechos.
Autonomía Obrera continuará vigilante y utilizará todos los mecanismos sindicales y legales a su alcance para exigir que se corrijan las deficiencias detectadas.
Cádiz, 15 de octubre de 2026.
AUTONOMÍA OBRERA
Sección Sindical del Ayuntamiento de Cádiz