LA JUSTICIA ESTIMA EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DE AUTONOMIA OBRERA RESPECTO A LA PRODUCTIVIDAD DE PLAYAS EN LA POLICÍA LOCAL Y DEJA EN EVIDENCIA LA GESTIÓN DEL PP EN ESTE TEMA
Una sentencia estima íntegramente el recurso de Autonomía Obrera y anula el acuerdo municipal que permitía un abono económico mediante una productividad que el juez considera contraria a Derecho.
AO denunció desde el primer momento esta maniobra retributiva, que suponía un gasto previsto de más de 221.000 euros por temporada, mientras el Ayuntamiento mantenía pendientes compromisos económicos con el resto de la plantilla municipal.
Cádiz, 26 de octubre de 2026.
La Sección Sindical de Autonomía Obrera (AO) en el Ayuntamiento de Cádiz ha obtenido una importante victoria judicial frente al Gobierno municipal del Partido Popular, a través de nuestros servicios jurídicos en Autonomía Sur, (Luis Ocaña) después de que el Tribunal de Instancia de Cádiz, mediante sentencia de 22 de octubre de 2026, haya estimado íntegramente nuestro recurso contencioso-administrativo y anulado el acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 26 de septiembre de 2024, relativo al sistema de trabajo y al complemento de productividad de la Policía Local durante la temporada de playas.
La resolución judicial confirma lo que Autonomía Obrera venía denunciando desde julio de 2024: el Ayuntamiento pretendió utilizar el complemento de productividad para retribuir servicios que no respondían a su verdadera finalidad, estableciendo un sistema retributivo contrario a Derecho.
Una decisión política del Gobierno municipal, aprobada pese a las reiteradas advertencias de Autonomía Obrera y ahora anulada por los tribunales. Recordamos que Bruno García defendió esta productividad para la Policía Local —una defensa que la prensa tituló «A MUERTE»—, llegando a afirmar que «COBRAN LO QUE COBRAN LOS TRABAJADORES PÚBLICOS». Por su parte, Juancho Ortiz defendió en el Pleno la creación de «UN NUEVO TURNO ORDINARIO», reconociendo expresamente que «AL NO SER OCASIONAL NO PUEDE CONFIGURARSE COMO SERVICIO EXTRAORDINARIO». La sentencia pone en evidencia la defensa política de este acuerdo y exige explicaciones de quienes lo impulsaron y justificaron ante la ciudadanía. El alcalde y su concejal deben asumir su responsabilidad: las advertencias estaban sobre la mesa y decidieron ignorarlas.
La propuesta municipal contemplaba abonar 35,29 euros por hora, lo que suponía 317,65 euros por cada servicio de nueve horas y 352,94 euros por cada servicio de diez horas.
El propio Ayuntamiento estimó para la temporada de 2024 un coste de 221.399,26 euros, destinado a financiar este sistema de retribución.
Autonomía Obrera denunció entonces esta decisión respecto al resto del personal municipal, especialmente cuando existían compromisos económicos pendientes de cumplimiento derivados del Acuerdo Regulador.
Mientras determinados empleados públicos continuaban reclamando el cumplimiento de sus derechos económicos, el Gobierno del PP encontraba recursos y fórmulas retributivas por un compromiso político.
AHORA, TRAS ESTA SENTENCIA, QUEDA CLARO QUE EL EQUIPO DE GOBIERNO Y, ESPECIALMENTE, BRUNO GARCÍA HAN JUGADO CON EL DINERO PÚBLICO, COMETIENDO LA IRREGULARIDAD DE ABONAR CANTIDADES Y CONCEPTOS FUERA DE TODA NORMATIVA Y POR SERVICIOS QUE NO SON EXTRAORDINARIOS.
EL JUEZ CONFIRMA QUE VIGILAR LAS PLAYAS NO ES UN SERVICIO EXTRAORDINARIO
Uno de los pronunciamientos más relevantes de la sentencia es el reconocimiento expreso de que” la vigilancia de las playas constituye una función propia y habitual de la Policía Local de Cádiz.”
El magistrado establece que las playas son espacios públicos municipales y que su vigilancia es una actividad previsible, recurrente y plenamente integrada en las competencias ordinarias del cuerpo.
Por tanto, no puede justificarse una productividad adicional por el simple hecho de prestar un servicio que forma parte de las obligaciones habituales de la Policía Local, ALGO QUE HA QUEDADO REFLEJADO EN ESTA SENTENCIA.
En definitiva, el Ayuntamiento no puede convertir una obligación ordinaria en una actividad extraordinaria mediante un cambio de nombre para justificar una retribución adicional. Si quieren garantizar la seguridad en la playa, no pueden tratarla como algo fuera de lo normal o extraordinario. BRUNO GARCÍA Y SU CONCEJAL, JUANCHO ORTIZ, HAN GENERADO UNA IRREGULARIDAD SIMPLEMENTE POR COBARDÍA Y HAN ACTUADO DE FORMA IRRESPONSABLE.
EL GOBIERNO MUNICIPAL FUE ADVERTIDO Y DECIDIÓ SEGUIR ADELANTE
Lo especialmente grave de este asunto es que el Gobierno municipal no puede alegar desconocimiento de las objeciones planteadas.
Autonomía Obrera presentó informes jurídicos y sindicales, rechazó expresamente la propuesta en la Mesa de Negociación y trasladó sus advertencias a la Secretaría General y a la Intervención Municipal. RECORDAMOS QUE LA MAYORÍA DE LA REPRESENTACIÓN SINDICAL EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN UGT, CCOO Y AO, VOTÓ EN CONTRA DE ESTA PRODUCTIVIDAD.
En aquellos escritos ya denunciábamos que el Ayuntamiento había pasado de intentar retribuir estos servicios mediante horas extraordinarias incrementadas a buscar una fórmula alternativa utilizando el complemento de productividad.
Cambió la denominación del pago, pero no su verdadera naturaleza. Y eso es precisamente lo que ahora reprocha la sentencia.
La resolución judicial desmonta también la interpretación jurisprudencial que utilizó el Ayuntamiento para justificar su propuesta.
El Gobierno municipal, con el alcalde Bruno García al frente, y con la responsabilidad política de las concejalías de Personal y Policía Local, decidió impulsar y aprobar un acuerdo pese a conocer la oposición razonada de Autonomía Obrera.
Ahora corresponde al Gobierno municipal explicar por qué desoyó nuestras advertencias y por qué fue necesario acudir a los tribunales para corregir una decisión que nunca debió aprobarse en esos términos. Lo peor es que lo hicieron con orgullo, haciéndose fotos mientras estrechaban la mano a policías en la playa y despreciando, a sabiendas, la legalidad vigente.
POR TANTO, EXIGIMOS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS A QUIENES HAN JUGADO CON LAS ARCAS MUNICIPALES POR COMPROMISOS POLÍTICOS. NO SE PUEDE SER MÁS IRRESPONSABLE CON EL DINERO PÚBLICO: CON ESTAS MEDIDAS HAN PERJUDICADO A LOS GADITANOS Y GADITANAS.
MÁS POLICÍAS, PERO LA MISMA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA
Autonomía Obrera volvió a advertir en junio de 2026 de que las circunstancias utilizadas inicialmente para justificar este complemento habían cambiado sustancialmente.
La incorporación de nuevos agentes a la Policía Local, más de 30, hacía todavía menos defendible mantener automáticamente un sistema excepcional fundamentado en la supuesta insuficiencia de efectivos.
Nuestra organización reclamó una revisión de las necesidades reales del servicio, una mejor distribución de los recursos humanos y una planificación adecuada de los turnos.
Sin embargo, la cuestión de fondo es todavía más clara tras esta sentencia: la falta de planificación de los servicios públicos no puede resolverse inventando conceptos retributivos ni convirtiendo en extraordinarias funciones que son ordinarias. Y EN ESA FALTA DE PLANIFICACIÓN HAY DOS CULPABLES: EL CONCEJAL ORTIZ Y, POR SUPUESTO, EL ALCALDE, BRUNO GARCÍA.
UNA SENTENCIA QUE DEBE MARCAR UN ANTES Y UN DESPUÉS
Desde Autonomía Obrera queremos dejar claro que esta victoria judicial no va dirigida contra los funcionarios de la Policía Local ni contra las retribuciones que legalmente les correspondan.
De hecho, la propia sentencia establece expresamente que la anulación del acuerdo no afecta a las cantidades ya percibidas por los agentes ni a los actos firmes de asignación individual.
Nuestra actuación ha estado dirigida contra una decisión política y administrativa que considerábamos injustificada, discriminatoria respecto al resto de la plantilla y contraria a la normativa reguladora de las retribuciones públicas.
Por ello, exigimos al alcalde y al Gobierno municipal que asuman el significado de esta resolución judicial, que revisen las consecuencias organizativas y retributivas del acuerdo anulado. Así mismo que asuman las responsabilidades del daño ocasionado en las arcas municipales.
El dinero público debe administrarse con rigor, transparencia y respeto a la legalidad, y los derechos económicos del personal municipal deben defenderse con los mismos criterios de igualdad y justicia.
Autonomía Obrera ha demostrado que no basta con denunciar las irregularidades: cuando el Ayuntamiento desoye nuestras advertencias, acudimos a los tribunales y defendemos hasta el final los intereses generales de la plantilla.
La sentencia, susceptible todavía de apelación, supone un serio revés judicial para la política retributiva impulsada por el Gobierno municipal en este asunto.
El PP aprobó el acuerdo. Autonomía Obrera lo denunció y lo recurrió. Y ahora la Justicia nos ha dado la razón. ES HORA DE ASUMIR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS POR EL GRAVE DAÑO CAUSADO A LAS ARCAS MUNICIPALES. POR COBARDÍA POLÍTICA Y PRESOS DE SUS COMPROMISOS, OPTARON POR IGNORAR LA NORMATIVA VIGENTE EN MATERIA DE RETRIBUCIONES EN LUGAR DE ORGANIZAR ADECUADAMENTE EL SERVICIO.
SECCIÓN SINDICAL DE AUTONOMÍA OBRERA
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ