Desde Autonomía Obrera, denunciamos la falta de sensibilidad, ausencia de compromiso y clasicismo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) respecto a las condiciones laborales del personal de limpieza en los Centros de Salud Bahía de Cádiz y La Janda, así como su absoluta indiferencia y desprecio hacia la Salud Laboral de este colectivo de trabajadoras.
Un colectivo históricamente vulnerable, compuesto mayoritariamente por mujeres, se encuentra expuesto diariamente a riesgos de toxicidad, que las empresas adjudicatarias se niegan sistemáticamente a reconocer, obstaculizando irresponsablemente su derecho a su reconocimiento y la Junta de Andalucía es cómplice activo de ello.
La estrategia de las adjudicatarias para evadir su responsabilidad consiste en recurrir a sus equipos jurídicos para distorsionar la realidad del riesgo laboral en materia de Prevención de Riesgos Laborales (PRL), relegando la salud de las trabajadoras a un segundo plano. La verdadera causa de esta negligencia empresarial radica en la insuficiente dotación económica de los Pliegos de Condiciones, que ignoran deliberadamente los derechos del colectivo, siendo la Junta de Andalucía quien deliberadamente provoca que la adjudicataria del servicio de limpieza no cumpla a costa de los derechos laborales del personal de limpieza, la ausencia de fiscalización a sabiendas de la Junta de Andalucía provoca que las trabajadoras sean sometidas a los recortes de derechos laborales.
Este problema no es nuevo. El expediente 2023/716765 ya fue anulado por el propio SAS tras el desistimiento de los Pliegos de Condiciones derivado de la resolución 24/24 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA), de fecha 22 de enero de 2024. Dejando suficientemente claro que la Junta de Andalucía elabora licitaciones las cuales provocan que se presenten empresas piratas que someten su modelo de servicio mutilando derechos laborales e incumpliendo sistemáticamente el Pliego de Condiciones.
La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL) denunció la falta de dotación económica de los Pliegos de Condiciones de 2023, manifestando al SAS que el presupuesto asignado no permitía garantizar un servicio conforme a la normativa legal vigente, de ello era consciente la Junta de Andalucía así como sus consecuencias, afectando a las trabajadoras y al servicio.
Como consecuencia de esta deficiencia presupuestaria, CLECE, actual adjudicataria del servicio, ha incumplido durante años la sustitución de las horas mínimas de obligado cumplimiento establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, con la colaboración del SAS, que no ejerce su deber de fiscalización.
Quien fiscaliza el Pliego de Condiciones es consciente de ello, mira hacia otro lado y permite los continuos incumpliendo que está llevando a cabo la empresa CLECE.
CLECE con el beneplácito de la Junta de Andalucía no ejecuta la sustitución de personal generando una sobrecarga de trabajo inasumible para las trabajadoras, provocando CLECE altos índices de absentismo, cuyos efectos quieren atribuir mezquinamente al colectivo de trabajadoras en lugar de responsabilizar a las prácticas fraudulentas del SAS y las adjudicatarias. Método que utilizan para ahorrar costes y mantener beneficio económico a la empresa CLECE incumpliendo la Prevención de Riesgos Laborales, las trabajadoras son la fuerza viva de esre servicio y son las maltratadas por la Junta de Andalucía y la empresa CLECE.
No queremos llegar a tener que describir, con absoluta crudeza, los riesgos de toxicidad e infección a los que estas trabajadoras están expuestas diariamente. Sin embargo, es imprescindible recordar que más allá de los riesgos químicos y biológicos inherentes a la actividad, existe una realidad aún más alarmante: la limpieza de sangre, orines, heces y vómitos, sustancias que no son evaluadas ni analizadas, generan una incertidumbre permanente sobre los riesgos de infección biológica que ni el propio SAS controla y las trabajadoras tienen que convivir diariamente.
En lugar de exigir que los concursos públicos sean dotados con recursos suficientes para garantizar condiciones laborales dignas, CLECE prefiere actuar como cómplice de un sistema de explotación, donde el beneficio empresarial se prioriza sobre la calidad del servicio, afectando no solo al Colectivo de Trabajadoras, sino también a los usuarios y al personal sanitario del SAS que trabaja en estos centros.
En este contexto, adjudicatarias irresponsables como CLECE, lejos de exigir mejoras presupuestarias, obstruyen deliberadamente el reconocimiento de los riesgos laborales mediante estrategias judiciales retorticeras, con el único objetivo de permanecer en un contrato cuyo presupuesto es insuficiente. Mientras el SAS sigue negándose a dotar económicamente los pliegos, CLECE continúa engordando su cuenta de miles de euros a costa de incumplimientos laborales, sin abonar las horas complementarias, ni el plus festivo según convenio, aprovechándose de la complicidad del SAS en su falta de fiscalización.
CLECE en su complicidad con el SAS y su poca vergüenza, ha realizado un comunicado con fecha del 4 de junio de 2.025 para que el colectivo no realice determinadas tareas que evidencian el riesgo de toxicidad que llevan realizando durante años, tal como recogen los propios protocolos entregados a las trabajador@s y que vulnera gravemente los derechos del colectivo en una intromisión a sus tareas propias de limpieza.
Estas actuaciones de CLECE en una intromisión ilegítima en las funciones del colectivo de trabajadoras, con el fin de no reconocerles su riesgo de toxicidad, no es más que hacer de escudero del SAS para no dotar económicamente el Pliego de Condiciones y seguir ostentando una situación de privilegio para conseguir la próxima adjudicación.
¿Por qué no les prohíben limpiar la sangre, orines, heces y vómitos, sustancias que no son evaluadas ni analizadas, generando una incertidumbre permanente sobre los riesgos de infección biológica?, son tan desagradables que no habrá ningún colectivo que lo, por eso tanto la empresa CLECE como la Junta de Andalucía utilizan a las trabajadoras del servicio de limpieza, puro clasismo laboral ejecutado por CLECE y la Junta de Andalucía.
Funciones que lleva realizando este colectivo durante años, obligándoles incluyendo en sus funciones siendo la misma CLECE quien les detallaba esas funciones.
CLECE acaba de abrir la caja de pandora, al realizar dicha intromisión ilegítima en las funciones del colectivo para que no les sea abonado el plus de toxicidad y que les corresponde a pesar de reconocerlo.
No podemos esperar otra cosa de CLECE que ha sido insolidaria hasta con su propia asociación (ASPEL), con tal de obtener su beneficio económico en estos contratos a base de ejercer el terrorismo laboral e incluso a coaccionar y amedrentar a miembros del Comité de Empresa.
Que pronto se han olvidado cuando este colectivo estaba en primera línea de riesgo por COVID y era esencial. Todo por no reconocerle su legítimo derecho al plus de toxicidad con el que conviven a diario.
Desde Autonomía Obrera, exigimos responsabilidad inmediata por parte del Servicio Andaluz de Salud, instándolo a dotar adecuadamente los pliegos para que recojan los derechos laborales del colectivo y no a que dejen de realizar funciones propias de su sector con tal de no cumplir con sus derechos laborales. Asimismo, responsabilizamos directamente a CLECE, por mantener un modelo de gestión basado en el incumplimiento sistemático de sus obligaciones y el abuso laboral permitido por la complicidad del SAS.