La Consejería de Industria de la Junta de Andalucía, responsable de vigilar y hacer que se cumplan las leyes y regulaciones, “hace la vista gorda” con el Ayuntamiento de Cádiz tras verificar, hace más de un año, que las instalaciones eléctricas de la casa consistorial incumplen las normativas y estándares de seguridad mínimas exigidas, importándole lo más mínimo la seguridad del personal municipal, así como, la de los ciudadanos y usuarios que la transitan.
El 27 de octubre de 2023, Autonomía Obrera presentó la siguiente denuncia ante la Consejería de Industria;
“Expone:
El delegado de personal y de prevención de AO por la junta de personal del Excmo. Ayuntamiento de Cádiz informa que, el pasado 24 de octubre se celebró el comité de seguridad y salud laboral del Ayuntamiento de Cádiz, en el cual, se puso de manifiesto por el coordinador de protección civil y el técnico de prevención y riesgo laboral municipal el mal estado del sistema e instalaciones eléctricas de la casa consistorial (edificio del Ayto de Cádiz en la plaza San Juan de Dios).
Ambos técnicos hicieron hincapié en la necesidad de cambiar, por seguridad, ya que los mecanismos de protección están obsoletos, toda la instalación y cuadros de dicho edificio. Además, informaron que dicho establecimiento no ha sido nunca inspeccionado por industria ni se le ha exigido oca, pero incumple la normativa de electricidad y también tiene carencias en el plan de emergencias a ejecutar en caso de siniestro.
Solicita:
se realice inspección por el departamento que corresponda, para comprobar si los sistemas e instalaciones eléctricas del edificio municipal cumplen con la normativa actual, y si no es así, se tomen las medidas oportunas para su corrección y evitar los riesgos eléctricos a trabajadores y usuarios de la casa consistorial (Ayuntamiento de Cádiz).”
Pues, desde dicha fecha, el 27 de octubre del 2023 hasta el día de hoy, y tras la inspección negativa, casi dos años del actual equipo de gobierno, NO SE HA HECHO ABSOLUTAMENTE NADA.
El Ayuntamiento, ha ignorado el informe técnico (OCA) emitido por una empresa autorizada, donde se indican los incumplimientos de seguridad eléctrica y las medidas a tomar, y la Consejería de Industria, negligentemente en su deber, no ha hecho nada al respecto, mirando para otro lado, a pesar de estar al tanto del problema y teniendo la responsabilidad de vigilar y actuar ante la pasividad e irresponsabilidad del Ayuntamiento.
La dejadez de ambas administraciones ante los riesgos de cortocircuitos, incendios, daños a las personas, objetos y propiedad, son cada vez mayores y ambas serán las responsables de las consecuencias en caso de accidente o siniestro, ya que las aseguradoras no cubren daños si no hay certificación favorable de la inspección realizada por el organismo de control autorizado (OCA) y en este caso es negativa.
Todo ello se agrava con el estado ruinoso de la segunda planta del edificio, que se cae a pedazos, aseos clausurados, salidas de emergencias inaccesibles, humedades, excrementos de palomas, aparición de cucarachas y plagas de arañas por diversos departamentos, grietas en paredes y techos, lámparas que pesan una tonelada con sujeciones oxidadas y riesgo de caída (por ejemplo; la de la escalera principal), hacinación del personal funcionarial en los distintos departamentos de la planta baja y la atención tercermundista a las personas usuarias, tanto en la casa consistorial como en el edificio Amaya,
Ante tanta dejadez, hemos presentado denuncia ante la inspección de trabajo y seguridad social por riesgo eléctrico y también, nuevamente ante la Consejería de Industria, a pesar de no confiar en que está actúe ni que este Ayuntamiento sea capaz de arreglar nada, tal como ha sucedido hasta ahora.