CONTRA EL DETERIORO Y LA PRIVATIZACIÓN DE LA SANIDAD
PÚBLICA ANDALUZA
Ya nos pasaba con el anterior gobierno de la Junta del ala más derechista del PSOE
encabezado por Susana Díaz, que potenció la estrategia de conciertos con la sanidad
privada, externalizó al máximo los servicios no asistenciales (mantenimiento,
almacenes, lavanderías, etc.) y generalizó el funcionamiento economicista de los
centros mediante su modelo de Unidades de Gestión Clínica. Pero, desde el acceso al
gobierno autonómico de las organizaciones derechistas tradicionales (PP y Cs) con el
vergonzoso respaldo parlamentario de la extrema derecha (Vox), esa dinámica
privatizadora, que ya incentivó en su día el PSOE, no ha hecho más que crecer y
multiplicarse de forma imparable.
Empezaron haciéndolo con aquel primer (y fracasado) plan de choque contra las listas
de espera de marzo de 2019, donde más del 60% de los 25,5 millones de euros
presupuestados se destinaron al sector sanitario privado. Luego siguieron con uno de
los mayores incrementos de la historia en el presupuesto anual destinado a conciertos
con empresas de la sanidad privada, al establecerlo en 452 millones de dinero público
para el año 2020 (casi un 10% más de lo presupuestado en 2019 y muy por encima del
4,1% de crecimiento del gasto total en salud para ese año). No conforme con ello, y
durante el primer semestre de ese año, el gobierno derechista de la Junta acometió
nuevas vueltas de tuerca en su estrategia privatizadora, primero, al imponer los 3
hospitales privados de que dispone la empresa Pascual en las localidades de Sanlúcar,
El Puerto y Villamartín como centros obligatorios de referencia de 15 especialidades
básicas para casi 300.000 gaditanos/as de las localidades de la costa noroeste y la
sierra; y, segundo, suprimiendo de facto el complemento de exclusividad para el
personal médico del SAS (¡incluso los jefes de unidades!), a fin de favorecer, así, la
prestación simultánea de servicios en la sanidad pública y en la privada.
Pero el cenit de esa vergonzosa estrategia privatizadora lo alcanzó, sin duda, el
gobierno derechista de la Junta de Andalucía bajo el paraguas de la pandemia por
covid 19 que debutó el marzo de 2020. Para empezar, paralizaron prácticamente toda
la actividad habitual de los Centros de Salud de Atención Primaria al encomendar a su
personal de forma mayoritaria las labores de rastreo y seguimientos de casos covid (en
lugar de asignarlas a otro personal específico y contratado expresamente para ello), lo
que supuso que el estudio y tratamiento desde Atención Primaria de los pacientes con
otras patologías pasara a ocupar un segundo plano. Luego, con la falsa excusa de
reducir al mínimo los riesgos de contagio en los centros (tanto en Centros de Salud
como en Hospitales) y con el apoyo descarado de los sectores más corporativos e
insolidarios de los colectivos profesionales, la Junta impuso la estrategia de las
consultas telefónicas a todos los niveles y redujo casi a la inexistencia multitud de
actividades asistenciales. El catastrófico resultado de todo ello fue (y es, aún hoy)
cientos de miles de pacientes no covid abandonados, incremento brutal del tiempo de
espera para ser atendidos (incluso en atención primaria), odiseas interminables para la
obtención de una simple cita, reducción al mínimo de la atención directa y
consecuente deterioro de la capacidad diagnóstica…, en suma, dolor, angustia y un
sufrimiento absolutamente inaceptable para una gran parte de la población andaluza
que se ha visto privada, a nuestro juicio y por el mero interés economicista de la Junta,
de algo tan inviolable y esencial como lo es el derecho a la salud y a la vida.
A modo de colofón a todo ello, y como era previsible por desgracia, la guinda del
pastel privatizador nos llegó el pasado verano cuando, escudándose hipócritamente en
ese escenario de abandono y falta de atención (que ellos mismos habían provocado
con su nefasta estrategia contra la covid 19), sus propios causantes políticos
anunciaron la puesta en marcha de un segundo Plan de Choque dotado con un total de
200 millones de euros, de los que, otra vez, la gran mayoría (el 70%) se destinaba para
operaciones (100 millones) y pruebas diagnósticas (30 millones) en el sector privado.
Pacientes directamente derivados desde la pública a los centros privados a los que
habría que sumar también los “empujados” indirectamente: todos esos miles y miles
de andaluces que a diario no tienen más opción que gastar sus exiguos recursos en
contratar un seguro médico o acudir a un centro privado para poder ser tratado del
problema de salud del que no le atienden en la pública; consultas y tratamientos que,
para mayor ignominia, son cubiertos, en muchas ocasiones, de forma presencial en la
privada por los mismos médicos/as de aquellos servicios que en la pública te atienden
tan sólo por teléfono “para evitar riesgos” o te incorporan a listas de espera
interminables y con fecha de atención desconocida.
El vergonzoso y lamentable resultado de todo ello lo puede constatar hoy cualquier
ciudadano/a que tan sólo realice un recorrido por los centros sanitarios (públicos y
privados) de cualquier localidad de nuestra comunidad o simplemente estudie con
cierto detalle los datos estadísticos al respecto:
Por un lado, frente al vaciamiento brutal de actividad que hoy día se aprecia en
multitud de hospitales y centros de especialidades de nuestra comunidad, las
clínicas y hospitales privados están literalmente abarrotados, alcanzando unos
niveles de actividad nunca antes conocidos; en suma: salas, camas y consultas
vacías en los centros públicos y actividad imparable y creciente, en cambio, en los
centros privados.
Y, por otro, frente al estancamiento de la estructura asistencial de la sanidad
pública, crecimiento imparable de los centros de atención privados, que en muchos
casos, incluso, florecen y se multiplican en los entornos urbanos cercanos de los
propios centros públicos (sencillamente, vergonzoso).
En definitiva, un escenario general y perfectamente constatable, insistimos, de
deterioro creciente de la sanidad pública y de fortalecimiento del sector sanitario
privado, que crece imparable bajo el paraguas de la política sanitaria del PP, Cs y Vox.
Así, además de haber sido incapaces de frenar a tiempo la pandemia covid por no
reforzar como era obligado la atención primaria y construir una estructura potente y
eficaz de rastreo y realización de pruebas, el actual gobierno de la Junta tiene ya
garantizado para siempre el triste título de haber sido no sólo el que más ha
deteriorado la sanidad pública en nuestra comunidad, sino también el que más
problemas y sufrimientos de salud ha provocado a una ciudadanía indefensa que,
aturdida por el impacto brutal de la pandemia, asume con resignación y como algo casi
inevitable los efectos de unas medidas que, en el fondo, únicamente responden a una
forma concreta de hacer política: la consistente en favorecer siempre a los que más
tienen en detrimento de los derechos y el bienestar de la inmensísima mayoría de los
andaluces y andaluzas.
Por todo ello, desde las Secciones Sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital
Puerta del Mar exigimos:
- Que se recupere de forma inmediata la actividad asistencial en todos los centros
sanitarios públicos, poniendo, al efecto, todos los medios y medidas de seguridad que
resulten precisos (mascarillas, distancia de seguridad, etc.). La reducción de riesgos no
puede pasar por la expulsión de los pacientes de los centros y la reducción de la
actividad asistencial, sino por su pleno mantenimiento y prestación en condiciones de
seguridad. - Que se ponga fin a la derivación de pacientes al sector privado y se revierta al sector
sanitario público todos los recursos económicos destinados a planes de choque
concertados con la privada. - Que se destine a la sanidad pública, al menos, la mitad del superávit económico de
688 millones de euros alcanzado por la Junta, según afirma, en 2020. - Que se recupere el complemento de exclusividad y que se limite drásticamente la
posibilidad de trabajar de forma simultánea en el sector sanitario público y en el sector
sanitario privado, especialmente en el caso de los cargos intermedios y responsables
de centros y unidades. - Que todo el rastreo, seguimiento y atención de pacientes covid en AP se realice con
personal adicional y específicamente contratado para dicha labor, de forma que el
personal de los Centros de Salud pueda seguir realizando las tareas propias de
asistencia y prevención que siempre han definido a la Primaria. - Que se diseñe con urgencia un plan de recuperación de camas en los centros
hospitalarios públicos, revirtiendo para la actividad asistencial todos aquellos espacios
transformados durante los últimos años en despachos, dormitorios, etc., a fin, así, no
sólo de incrementar la capacidad asistencial de los centros de forma permanente, sino
también para que las necesidades de ingreso de paciente covid (que ojalá nunca más
se generen de forma masiva) no tenga que implicar inevitablemente la expulsión de
pacientes de otras especialidades. - Finalmente, exigimos la realización de una auditoría urgente destinada a investigar y
garantizar el uso que se ha dado a los 1.000 millones de euros entregados por el
gobierno central el pasado año a la Junta de Andalucía para la asistencia covid, y muy
especialmente sobre el derivado a conciertos con la sanidad privada y el empleado en
obras y reformas estructurales, muchas de las cuales nada han tenido que ver, a
nuestro juicio, con la mejora de la capacidad de actuación de la sanidad pública frente
a la pandemia.
En Cádiz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno.
SECCIONES SINDICALES DE C.G.T. Y AUTONOMIA OBRERA DEL HOSPITAL
PUERTA DELMAR (CÁDIZ)
